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Los problemas de gobierno corporativo en Petróleos Mexicanos

JUAN JOSÉ SUÁREZ COPPEL*

Pemex requiere un nuevo esquema de gobierno corporativo. En la actualidad, ni el consejo de administración ni nadie es plenamente responsable del óptimo desempeño de la empresa. Uno de los grandes retos de Pemex sigue siendo el de encontrar la manera en que pueda funcionar como una verdadera empresa.

Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene un sistema de gobierno corporativo ineficiente. En consecuencia, tiene un régimen fiscal inadecuado y hasta ha tenido que endeudarse excesivamente para pagar impuestos. De hecho, una de las razones por las que mantiene su calificación de crédito es porque su deuda está íntimamente asociada a la calificación de la deuda soberana. No se puede ver los números de Pemex después de impuestos como si fueran los números de una empresa normal.

El problema es que, en la estructura actual, tú no le puedes exigir resultados a Pemex. Pemex no es dueño de su destino. Ni siquiera el consejo de administración es dueño del destino de Pemex. La Secretaría de Hacienda no es dueño de su destino. La de Energía tampoco. Entonces ¿a quién se le exige resultados? Hay que cambiar la estructura para que se pueda tener a quién pedirle resultados.

Este sistema de gobierno ineficiente también se refleja en toda la regulación de la Secretaría de la Función Pública (Sefupu), que aplica controles que no dependen de la administración de Pemex ni del consejo de administración. A Pemex lo auditan más de cinco organismos diferentes. Todos en Pemex nos quejamos de que hay más de 250 auditorias al año y, a pesar del número, nadie está contento con los resultados. Para unos sigue habiendo corrupción, mientas que, a juicio de otros, es difícil funcionar con ese tipo de estructura y de controles.

El sistema actual de gobierno corporativo hace que la empresa no pueda rendir cuentas. No se puede señalar quién es el responsable de que a Pemex le vaya bien o mal. Si el patrimonio se acaba o si hay problemas en la producción, siempre podemos atribuir la culpa al sistema de las auditorias y a todos los controles operativos que tenemos. La administración siempre puede culparle a Hacienda y a todas las contralorías.

No hay un claro responsable ni una manera de exigir resultados y de rendir cuentas. Nunca queda claro si el responsable del funcionamiento de Pemex es la administración, los directores corporativos de los cuellos blancos, o si es un problema de que el consejo de administración no hace su trabajo, o si es un problema de que el Congreso no nos otorga cambios en las leyes o un problema de que a Hacienda sólo le interesa el efectivo de corto plazo y, por lo tanto, no se puede hacer planeación financiera de mayor plazo.

Otro aspecto del sistema de gobierno ineficiente es que Pemex está impedido para hacer alianzas estratégicas y para firmar contratos de riesgo y otras formas de asociación y contratación que son comunes en la industria petrolera y que son formas de controlar el riesgo y tener acceso al capital para inversiones mutimillonarias. Por lo pronto, a nivel de proyectos, tratamos de asignar responsabilidades para asegurar que haya quien vigile los proyectos y que éstos funcionen y tengan el éxito previsto. Asimismo, tratamos de asegurar que los proyectos que queremos, pasen dentro del tope de inversiones que nos va a fijar la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, uno de los retos importantes de Pemex es encontrar la manera en que pueda funcionar como una verdadera empresa. Hay ejemplos como Petroleo Brasileiro, Statoil, -también lo fueron Repsol y British Petroleum en su momento- que eran 100 por ciento del gobierno. Hoy, no lo son y operan exitosamente. En todo caso, si Pemex se mantiene como empresa 100 por ciento estatal, es cuestión de aprovechar los mecanismos de control corporativo de las empresas privadas y exigirlos a la empresa pública. Es algo que todos los accionistas les piden a las empresas que están en bolsa y es lo mínimo que deberíamos de poder pedirle los mexicanos a Pemex. Dentro de este enfoque, es muy importante separar a Pemex del trabajo de gobierno, dejándole el trabajo que le corresponde a la empresa y al gobierno su trabajo de gobierno.

El consejo de administración tiene cinco miembros del sindicato y seis miembros son secretarios de estado. Los consejos en todas las empresas están ahí para velar por el patrimonio de la empresa; están ahí para velar por los derechos del accionista. En cambio, nuestros consejeros son o miembros del sindicato o reguladores en su mayor parte. La primera responsabilidad del Secretario de Hacienda es cuidar que Pemex pague todos los impuestos y que salga bien el presupuesto. Por tanto, su preocupación no es si estamos invirtiendo suficiente o no, sino si nos vamos a saltar el tope presupuestal.

Los secretarios de Energía y de Medio Ambiente son nuestros reguladores. El Secretario de Economía es el que tiene todos los problemas con los industriales para tener precios más bajos, para controlar el precio del gas licuado y otros combustibles. Su trabajo puede ser contrario al patrimonio de la empresa.

Entonces, deberíamos empezar a pensar en como debía funcionar el consejo. El Órgano Interno de Control no depende de Pemex, sino de la Sefupu. Así, Pemex no tiene contraloría propia, no tiene control de gestión. No hay garantía de que la labor del Órgano Interno de Control esté alineada con los intereses de la empresa. Más bien, hay muchos ejemplos ahí de pavor en los cuales no están alineados.

Las mejores prácticas de gobierno corporativo han sido propuestas por la Bolsa de Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el mismo sentido, para cumplir con los requisitos de la Securities and Exchange Commission (SEC) para la emisión de deuda en Estados Unidos, Pemex está implementando la Ley Sarbanes-Oxley (véase recuadro). Ésta representa para la empresa un instrumento de mejora en su gobierno corporativo que debe permitirle transparentar la rendición de cuentas.

Estas mejores prácticas son algo que se pide que tengan todas las empresas para proteger a sus accionistas, por lo que también deberíamos de exigir a Pemex que las tenga para protegernos a todos nosotros como accionistas.

El reto de producir más crudo Los grandes retos de Pemex son dos. El más importante es cómo sustituir este sistema de gobierno ineficiente por algo que permita a todos los mexicanos, como accionistas, obtener los mejores resultados de la empresa. El otro, más a corto plazo, es producir más crudo porque Pemex se está endeudando para generar los flujos.

El 90 por ciento de las inversiones de Pemex se están yendo a producir crudo y si esas inversiones no son muy exitosas, pues entonces sí vamos a tener problemas. La gente no está viendo ya los flujos de Pemex antes y después de impuestos. Más bien, está viendo que Pemex invierte mucho y se está endeudando mucho para realizar esas inversiones.

Aquí lo que hay que probar es: qué tanto pueden generar de reservas, qué tanto pueden aumentar la producción, qué tanto pueden recuperar la producción a la estimación natural.

Muchos inversionistas tienen la duda de qué le va a pasar a Pemex con el aumento del crecimiento de la deuda y si se agota el capital contable. Las agencias calificadoras nos han dicho que el punto más importante para tomar nuestras decisiones de crédito en el futuro es cuáles son los resultados de la operación. Lo que tenemos que probar es qué tan buenos somos para encontrar ese crudo y producirlo.

Lo importante es seguir invirtiendo. Si Pemex no invierte, la base de producción se deteriora y desaparece la empresa. El reto –y lo sabemos desde el principio del sexenio– es que hay que invertirle a la base de producción de Pemex.

Ese es el gran reto. ¿Existe la confianza? Yo creo que sí. Parte de esa confianza es que, con todo, hemos duplicado la deuda de Pemex desde que empezó el sexenio y aun así hemos seguido teniendo acceso importante a los mercados.

El régimen fiscal

Si bajaran los impuestos que paga Pemex, la empresa podría pagar su deuda en dos o tres años. La deuda de Pemex es de poco más de 400 mil millones de pesos y el pasivo laboral menos es de 300 mil millones. Si el régimen fiscal se modificara para bajar los impuestos, pues ahí está el dinero.

Hay una propuesta de reforma régimen fiscal ya planchada con la Secretaría de Hacienda, en la cual se modifica gradualmente el régimen fiscal, gravando de una manera diferente la producción que no requiere inversión en el futuro, a la producción que sí requiere inversión.

Se cambiaría básicamente el régimen aplicable a Pemex-Exploración y Producción (PEP). Habría dos características; una es una regalía, que es directo sobre la extracción a las ventas brutas, y la otra es un impuesto en función de la utilidad con diferentes definiciones de base.

A la producción de hidrocarburos que se va a generar en el futuro a partir de una reserva probada desarrollada –crudo ya descubierto– se le aplica un nivel de impuestos diferente y mayor al resto de la producción –el “crudo nuevo”– que se va a obtener a partir de inversiones para desarrollar reservas. Se aplicaría una regalía al crudo nuevo del orden del 25 por ciento, y además un impuesto sobre la utilidad del orden del 70-75 por ciento, dependiendo como se defina la base. Esto genera un régimen por el estilo del de otros países que tienen las características nuestras.

La propuesta también busca comparar nuestra realidad con regiones y yacimientos similares en otros países. Por ejemplo, ¿cuál es el régimen fiscal que sea razonable aplicarle a Pemex en la Cuenca de Burgos? Hay que ver lo que se paga en Texas o en Alberta, donde hay campos con características geológicas similares y donde la industria ha crecido mucho. Así, buscamos un indicador de desempeño (benchmark) internacional que sea relevante y teniendo cuidado de no comparar peras con manzanas.

Por otra parte, esperamos que este año nos devuelvan recursos excedentes a Pemex para financiar inversiones. No estamos exentos de riesgo en el sentido de que tendríamos que cortar inversiones, si por nerviosismo se cierran los mercados y dejan de estar dispuestos a tomar el riesgo Pemex, que es equivalente a deuda soberana. Ante esa posibilidad, los excedentes petroleros nos darían la flexibilidad de poder continuar con las inversiones en exploración y extracción de crudo.

La reserva laboral

La reserva laboral es de 300 mil millones de pesos. Ésta es la cifra actuarial de acuerdo a principios contables. Esta reserva no está fondeada. Más bien, está fondeada en casi un billón de dólares, que es una cantidad que debe ser suficiente como pagar los flujos del año en la nómina de jubilados y pensionados.

¿Por qué no esta fondeado? Bueno, si no tenemos suficientes recursos para ir a sacar el crudo y gas de nuevos proyectos como Ku-Maloob-Zaap y Lankahuasa, sería ridículo empezar a comprar Cetes para apoyar la reserva laboral. Podría decirse que estamos financiando nuestras inversiones –que son obviamente inversiones muy rentables– con nuestro pasivo laboral.

Las soluciones al pasivo laboral tienen que ser varias. Una es hacer los cambios suficientes para poder generar mucho mayores recursos de la operación, cambiando el régimen fiscal y creando eficiencias. Otro es trabajar para cambiar la estructura de ese pasivo.

Una opción razonable sería que los pagos a jubilados, en vez de crecer en función de las negociaciones salariales, aumentaran con la inflación y así los mantuviéramos en términos reales. Las negociaciones salariales no necesariamente tendrían que impactar también a la base de jubilados.

Tenemos que sentarnos a encontrar soluciones negociadas y razonables con los trabajadores de confianza y sindicalizados y, por otro lado, generar recursos que nos permitan empezar a financiar este pasivo.

En busca de rentabilidad

El negocio más rentable que tenemos, y por mucho, es la producción de crudo y de gas –más de crudo que de gas no asociado–. Si no tenemos suficientes recursos para ésos que son los más rentables, tenemos que ser muy restrictivos con las inversiones en el resto de la cadena, o sea, en refinación y petroquímica, que no son necesariamente malos negocios.

Ultimamente, la refinación ha subido mucho los márgenes y es mucho más rentable. Es algo que va a durar dos o tres años por lo menos y tiene que ver con la falta de capacidad de refinación nueva en el Golfo de México, en Estados Unidos.

Entonces, la rentabilidad de refinación está subiendo, pero, en comparación, Cantarell es un proyecto que podría tener una rentabilidad antes de impuestos de más del 1,000 por ciento y en dólares, y estamos hablando de un proyecto de 10 mil millones de dólares de costo.

El costo de la mano de obra ha aumentado, en lo que va del sexenio, algo así como 3 ó 4 por ciento y la producción ha aumentado más de 10 por ciento. Sin embargo, hay centros de trabajo que son poco rentables y que en otros lugares del mundo no estarían produciendo. Por ejemplo, hay centros petroquímicos muy golpeados por el alto precio del gas y ni siquiera tienen gas suficiente. Es difícil que puedan competir contra la materia prima –gas barato– que llega de Ucrania o de Trinidad. No obstante, hay líneas de producción petroquímica que todavía son muy rentables y hay que invertir en ellas.

En cuestión de eficiencias, podríamos echarle la culpa a todos los impuestos, o a la Sefupu o a otros problemas, pero si comparamos benchmarks para cada negocio o planta, también hay muchos recursos que podríamos generar con eficiencias internas.

* Comentarios basados en una entrevista concedida a esta revista.

Juan José Suárez Coppel es doctor en Economía Monetaria y Comercio Internacional de la Universidad de Chicago. Se ha desempeñado como profesor del ITAM y de Brown University, Director Adjunto de Derivados de Banamex, Tesorero Corporativo de Televisa y Coordinador de Asesores del Secretario de Hacienda, entre otros cargos. Actualmente es Director Corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex).