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En la red o fuera de ella: nuevas alternativas en la electrificación rural
ODÓN
DE BUEN RODRÍGUEZ*
En la búsqueda del mejor aprovechamiento
de los recursos públicos para llevarle el servicio eléctrico a
los cerca de 5 millones de mexicanos que todavía no lo tienen, se debe
buscar la forma en la que, como en su momento se hizo en muchos puntos del país,
se aprovechen las fuentes locales –renovables– de energía.
En México, la nacionalización de la industria eléctrica
en 1960 facilitó el llevar electricidad a los pobres de las ciudades,
en aquellos años en los que las migraciones a la Ciudad de México
eran un fenómeno monumental y las conexiones ilegales brotaban como telarañas
en asentamientos irregulares de los barrios de la periferia.
Como resultado, durante más de dos décadas se regularizaron millones de conexiones ilegales conectadas a las redes de las empresas eléctricas. Un ejemplo —y un momento muy importante de ese proceso— fue Ciudad Nezahualcoyótl, que ya contaba con un millón de habitantes cuando se le integra formalmente a la red en los primeros años de los setentas, lo cual se logra aplicando una estrategia integral y diferenciada de lo que se hacía en fraccionamientos nuevos (como lo fue Ciudad Satélite).
Ese modelo de electrificación
—que tuvo en paralelo la unificación de la frecuencia y el establecimiento
de lo que es hoy el llamado Sistema Eléctrico Nacional— se repitió
una y otra vez en otras ciudades del país con lo que, hoy día,
salvo algunos casos aislados y de menor escala, la gran mayoría de los
barrios urbanos tienen servicio a través de un contrato formal con la
empresa eléctrica, ya sea Luz y Fuerza del Centro o la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
De los grandes centros urbanos —que, por su densidad, son relativamente
fáciles de electrificar— las redes eléctricas se extendieron
a los pueblos más grandes en zonas rurales. Cabe anotar aquí que
para entonces muchas comunidades tenían algún nivel de abastecimiento
eléctrico a través de pequeños sistemas autónomos
—utilizados para alguna actividad económica local que requería
de la electricidad— que operaban con caídas de agua o con pequeños
generadores movidos por máquinas de combustión interna.
Aunque esta parte de la historia del sector eléctrico mexicano está
poco documentada, hay muchas evidencias —en particular en zonas montañosas
de Veracruz, Puebla y Chiapas— de la existencia de esas plantas y de que,
precisamente, el proceso de acceso a la red de sus usuarios las fue “matando”,
aún y cuando sus costos de operación hubieran sido competitivos.
De los pueblos grandes el esfuerzo de electrificación pasó a los
pueblos pequeños, aquellos con unos cuantos cientos de habitantes y más
distantes de la red eléctrica. Estos son —prácticamente—
donde se ubican las comunidades indígenas de México y este proceso,
hacia finales de los ochenta, coincide con un claro límite económico
a la extensión de la red, por lo que empiezan a considerarse otras alternativas
para llevar la electricidad a las comunidades.
Fue precisamente hacia esos años, en la administración de Carlos
Salinas, que una parte de la electrificación rural se realiza con sistemas
fotovoltaicos autónomos, esto aprovechando la experiencia de cerca de
veinte años en la electrificación de telesecundarias rurales —en
la que se utilizaron equipos manufacturados en el país por el Centro
de Investigación Avanzada (Cinvestav) del Instituto Politécnico
Nacional— y a que éstos sistemas eran una opción más
económica que la extensión de la red a esas comunidades muy alejadas.
Este fue un programa muy ambicioso y novedoso que tuvo, sin embargo, un éxito
transitorio ya que no fue sustentable en el mediano y largo plazo. En particular
—y ésta es una lección clara de estas y otras experiencias
similares de programas de introducción de tecnología en zonas
pobres y aisladas— el programa no incluyó en su diseño un
sistema de soporte para proveer del necesariomantenimiento y refacciones, además
de que los sistemas se regalaron —sin romper con la cultura asistencial
del gobierno— y el programa sólo se orientó a llevar luz
a los hogares (sin ser parte de proyectos integrales de desarrollo económico
local).
Hacia mediados de los noventa hay un cambio importante en los procesos que resultan
en la electrificación. En este caso, el avance de la descentralización
modifica el procedimiento de asignación de recursos para la actividad.
Fue en 1995 cuando, por el nivel de electrificación alcanzado y, como
referimos, la descentralización de la administración pública,
que los recursos para electrificación rural, que antes eran asignados
directamente a las empresas eléctricas —las cuales realizaban las
obras con ese presupuesto— son puestos en manos de los gobiernos estatales
y municipales.
Este avance en la descentralización representó, sin embargo, un
retroceso en el proceso de electrificación ya que ésos recursos
no estaban etiquetados y muchos de éstos fueron aprovechados para otro
propósito. Igualmente, el bajo nivel de desarrollo profesional de las
administraciones municipales en las zonas más pobres del país
—que es donde se tienen los más bajos niveles de electrificación—
los llevó a seguir dependiendo de los servicios de la CFE para que les
extendiera la red, sin siquiera considerar otras alternativas de menor costo
(como las que representan las que aprovechan energía renovable).
El hecho es que hoy en día la extensión de la red a las comunidades
rurales es la alternativa dominante para llevar electricidad a comunidades alejadas
de la red aún y cuando ya no es la opción más económica
y tampoco la que asegura el mejor servicio. El que se extienda la red a largas
distancias en voltajes bajos hace que la calidad de la electricidad termine
siendo mala (porque el voltaje tiende a hacerse inestable a medida que se alargan
las distancias), además de que no se aprovechan recursos energéticos
renovables locales (sol, viento, caídas de agua y biomasa) que pueden
representar una opción más económica.
Por lo mismo, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los recursos
públicos para llevarle electricidad a los cerca de 5 millones de mexicanos
que todavía no tienen el servicio, corresponde buscar la forma en la
que, como en su momento se hizo en muchos puntos del país, se aprovechen
las fuentes locales (renovables) de energía. De esta manera, además
de estarse aprovechando la alternativa más económica se puede
mejorar la calidad de la electricidad que reciben las comunidades más
lejanas, además de que se aprovechan recursos renovables y se desarrolla
un mercado de equipos y servicios que puede generar muchos empleos.
Esto requerirá, por supuesto, mejorar, por un lado, la disponibilidad
y calidad de información sobre los recursos energéticos renovables
y, por otro, reforzar capacidades técnicas y construir redes comerciales
que permitan diseñar, construir, operar y mantener esas nuevas instalaciones
con la mayor calidad y el menor costo. Aquí es muy recomendable que los
gobiernos de los estados se involucren más activamente, tomando en sus
manos la iniciativa que a la fecha se mantiene en manos del gobierno federal
a través de la CFE.
* Es ingeniero mecánico-electricista por la UNAM
y maestro en energía y recursos por la Universidad de Berkeley, California.
Fue responsable de la dirección general de la Comisión Nacional
para el Ahorro de Energía (Conae) de 1995 a 2003. Actualmente es presidente
de Energía, Tecnología y Educación, ENTE SC, y dirige el
proyecto Transición Energética. Vea su sitio de internet en www.funtener.org