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Energía a debate, Enero - Febrero 2009
 

Combatir el mercado ilícito

 

El nuevo reglamento debe ordenar la participación privada en la venta de gasolinas

 

José Antonio Beltrán Mata*

 

Una conclusión evidente en la discusión de la reforma petrolera es que Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios deben realizar las actividades estratégicas de la industria petrolera nacional, sin que exista simulación alguna en beneficio de particulares.

En materia comercial (actividad económica que representa la suma de 45 mil millones de dólares al año), existe una clara simulación en el transporte, almacenamiento y distribución al momento en que PEMEX Refinación transmite la propiedad de los productos refinados a terceros, de los cuales no tiene control o supervisión y, en la mayoría de los casos, no existe relación contractual o vínculo jurídico con ellos. Esto tiene como consecuencia el creciente y cada vez más grave mercado ilícito de combustibles. Y como la propiedad de los hidrocarburos ha sido transmitida, los particulares que los adquieren pueden gozar y disponer de ellos y no se les puede sancionar por Ley.

Todas las fracciones parlamentarias han coincidido en que deben estar prohibidos los contratos que tengan el efecto de permitir a los contratistas compartir la propiedad y los derechos sobre los hidrocarburos, comercializarlos y transformarlos, fijar los precios de venta y la selección del comprador del producto y tener el control sobre la explotación.

De igual forma, existe consenso en el sentido de que los hidrocarburos son y deberán seguir siendo propiedad exclusiva de la Nación y su explotación, entendida ésta como el beneficio económico directo y primario, debe estar a cargo de Petróleos Mexicanos. Así, los efectos negativos que causa la transmisión de la propiedad de los productos refinados a terceros con fines de reventa podrían subsanarse con la clarificación y puntualización del concepto de “venta de primera mano”.

De no incluir esta precisión, estaríamos en franca contradicción con las premisas expuestas por los representantes de todos los partidos políticos, al permitir que Pemex Refinación continúe operando la actividad comercial de distribución de refinados con un esquema operativo representado por la “compraventa”. Esto exime a la empresa del Estado de toda responsabilidad y control en la cadena comercial, permitiendo a los particulares que transporten, almacenen, distribuyan y vendan a nombre propio los hidrocarburos bajo su propia responsabilidad y en perjuicio de los consumidores que no tienen certeza sobre la calidad de los productos que adquieren.

Cualquier reforma que pretenda que en una área estratégica se permita la participación directa o indirecta de los particulares debe ser considerada inconstitucional y, en el caso que nos ocupa, estamos permitiendo que el sistema de distribución de los combustibles líquidos se encuentre privatizado y sin normas o reglas aplicables.

Como es del dominio público, a partir de 1998, cuando se establece como esquema rector de la comercialización de los combustibles líquidos a la reventa por parte de particulares, Pemex Refinación se ha visto afectado por el mercado ilícito de hidrocarburos y la proliferación de tomas clandestinas en la red de ductos. Los productos de procedencia ilegal se utilizan en la falsificación, sustitución o dilución de los petrolíferos que comercializa la institución, con pérdidas financieras asociadas al daño causado a la imagen de la marca, medio ambiente, integridad de las instalaciones y productos, así como evasión fiscal.

Los productos afectados son principalmente las gasolinas Pemex Magna, Pemex Premium y Pemex Diesel, cuya comercialización se hace generalmente a través de los canales de reventa referidos, siendo adulterados con diferentes productos Pemex, extracciones ilícitas de ductos y/o terminales.

Ante la falta de un marco legal para aplicar sanciones por posesión de productos con adulteración/división, cambio de grado, venta de diesel industrial y marino en estaciones de servicio, etc., que afectan la integridad de los combustibles, se propone que se establezca por parte de la Secretaría de Energía en el Proyecto del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo el privilegio de que sólo la empresa del Estado realice las actividades de distribución y que los terceros o sector privado puedan participar como complemento y no como substituto, al actuar sólo por cuenta y orden de Pemex Refinación.

Esta regulación de parte de la Secretaría de Energía impulsaría cambios a las políticas comerciales, contractuales, normas y leyes vigentes, logrando en forma puntual un efecto disuasivo de prácticas ilegales, en coordinación con instituciones distintas a Pemex Refinación a través de posibles acuerdos de cooperación con PROFECO, SHCP, SSP, SFP entre otras, lo cual no se ha logrado con las acciones encaminadas a reducir el mercado ilícito de combustibles, como la estrategia que ha implementado Pemex Refinación a partir de 2002.

*Ha sido asesor de la Presidencia de la República en materia de política internacional. Es fundador y presidente vitalicio de la Asociación Nacional de Distribuidores en Combustibles y Lubricantes, ANDICOLUB. (beltran30@hotmail.com)

Energía a Debate es una revista bimestral de análisis y opinión de temas energéticos,
editada por: Mundi Comunicaciones, S.A. de C.V.