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Sector eléctrico: los problemas financieros y de productividad laboral

Se requiere una mayor flexibilidad laboral y la aplicación a CFE de una estructura impositiva similar a la que rige en empresas privadas como Telmex.

FERNANDO BUTLER SILVA* 

El sector eléctrico mexicano enfrenta fuertes problemas, como son la baja productividad laboral en el segmento de distribución y la falta de recursos financieros para invertir en la expansión de la generación y la transmisión. Por esto y por la necesidad de evitar problemas económicos y sociales en el país, convendría replantear o mejorar algunos aspectos de la propuesta oficial de reforma al sector eléctrico.

ASPECTOS LABORALES
Dicha propuesta menciona la existencia de grandes ineficiencias productivas en el segmento de distribución de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la carencia actual de recursos humanos especializados en el proceso de comercialización eléctrica bajo competencia en CFE, pero no plantea mecanismos para resolver dichos problemas.

Mientras que un trabajador de distribución de CFE tiene la tercera parte de la productividad de un trabajador en este segmento en una empresa eléctrica privada norteamericana, la productividad de un trabajador de LFC en este segmento es la treintava parte de la de su similar norteamericano. Esta situación tiende a aumentar fuertemente los costos laborales de las empresas públicas del sector y a establecer considerables pasivos laborales por concepto de seguridad social y pensiones, lo que erosiona, aún más, la posición financiera de dichas empresas.

El marco que regula a CFE, LFC y a las inversiones privadas en el sector es contradictorio. El texto constitucional introducido en 1960 (y sujeto a varias modificaciones posteriores) no es compatible con las leyes secundarias en la materia. La incoherencia jurídica y la falta de apertura real del sector a la competencia produce incertidumbre en los inversionistas y en los mercados financieros, aumentando el costo de financiamiento del sector y generando un pseudomercado que no produce incentivos para reducir costos y aumentar la productividad de CFE.

Al respecto, debe señalarse que el fuerte incremento de productividad que se reporta en la privatización de la industria eléctrica en Inglaterra fue producto del despido de más de la mitad de los trabajadores de la industria. Sin embargo, esta no es la única salida al problema laboral, como lo prueba la experiencia de Teléfonos de México (Telmex). En dicha empresa el fuerte incremento de la productividad laboral observado desde 1991 se explica por la política de flexibilidad laboral acordada entre la empresa y el sindicato, misma que permitió la transferencia de las operadoras, cuando sus áreas de trabajo fueron automatizadas, a las oficinas de cobranza y atención al público, y que mantuvo constante el tamaño de la plantilla laboral de la empresa, a pesar del aumento del número de teléfonos en México de 5.5 millones en 1991 a mas de 13 millones en 2003 y del crecimiento explosivo de los servicios de valor agregado.

Una política de flexibilidad laboral a acordarse con los sindicatos del ramo es fundamental para que CFE y LFC puedan incrementar rápidamente su productividad y reducir sus costos. Dicha política es, además, crucial debido a los fuertes cambios que la empresa tendrá que sufrir en su estructura, no solo para recuperar su capacidad operativa en las áreas de inversión y planeación, haciendo eficiente el uso de su plantilla laboral en las diferentes plantas y secciones, sino para crear áreas especializadas en políticas de mercadeo y diseño tarifario. Estos cambios serán fundamentales para que las empresas públicas puedan competir con las futuras empresas privadas del sector eléctrico.

ASPECTOS FINANCIEROS
La propuesta oficial no menciona medidas para aminorar la fuerte restricción presupuestal de CFE debido a los impactos financieros de la política de PIDIREGAS. Al respecto, debe señalarse que CFE es una empresa que en el mediano plazo deberá afrontar programas agresivos de inversiones para modernizar sus plantas y equipos, así como fuertes inversiones en capacitación de su personal para que éste pueda adaptarse a los grandes cambios organizacionales y operativos de la empresa que demanda un mercado eléctrico competitivo, y puedaseguir agresivas políticas tarifarias y mercadotecnicas que posibiliten que CFE mantenga una adecuada participación en los segmentos rentables de mercado.

Por lo anterior, debería plantearse la conveniencia de una política de saneamiento financiero de la empresa pública, en la cual el Estado asumiría los pasivos financieros de la empresa originados en la política de PIDIREGAS, e introduciría una estructura impositiva de CFE similar a la que rige para empresas privadas como Telmex.

La entrada de los competidores a los segmentos rentables de mercado, así como las indispensables reducciones en las tarifas para los grandes usuarios por parte de CFE para mantener algún grado de participación en este mercado, necesariamente va a volver inviable el esquema de subsidios intra-tarifarios que permite, en la actualidad, mantener precios reducidos a los usuarios de bajo consumo.

Por lo anterior, tomando en cuenta tanto la delicada situación de las finanzas de CFE, como los efectos sobre los ingresos de CFE de la competencia en el segmento de grandes usuarios, además de los altos costos financieros para la empresa pública de mantener y expandir la cobertura social de los servicios eléctricos, preservando tarifas reducidas para los usuarios de bajo poder adquisitivo, debe considerarse indispensable establecer explícitamente un mecanismo financiero para cubrir el déficit financiero que le representa a CFE tanto elmantenimientoylaexpansiónde la cobertura de los servicios eléctricos entre los habitantes de escasos ingresos, como el establecimiento de tarifas reducidas exclusivamente para estos segmentos de población.

En ausencia de este mecanismo, CFE tendría que soportar totalmente los costos de los servicios eléctricos deficitarios, y para ello tendría que aumentar las tarifas de sus servicios finales en algunos segmentos del mercado y/o incrementar las tarifas de dichos elementos esenciales de la red, con las consiguientes distorsiones en el proceso de competencia y/o la generación de incentivos para la entrada de competidores ineficientes.

Entre otras medidas, la propuesta oficial obliga a CFE a seguir un sistema de separación contable auditada a nivel de segmento y planta, a pesar de que este sistema no arroja información útil y es muy costoso en términos monetarios y de tiempo. No brinda información útil para detectar subsidios cruzados y presuntas conductas de precios predatorios, ya que esto se mide con respecto a los costos marginales, mismos que se obtienen de los modelos de expansión eficientes del sector, y no de la información contable, ya que ésta emplea costos históricos. Es muy costoso en términos monetarios debido a los altos precios que cobran las empresas consultoras especializadas en contabilidad separada, y en términos de tiempo porque no existen registros contables confiables del equipo de las diferentes plantas actualizados por factores de depreciación económica y tecnológica, mismos que deberían generarse. Al respecto, debe tomarse en cuenta que a Telmex le tomó más de seis años generar reportes de contabilidad separada por servicio satisfactorios.

Adicionalmente, este sistema de contabilidad separada por servicio implicaría una posible pérdida de eficiencia social, ya que el proceso para establecer nuevas tarifas de CFE, mismo que implicaría el verificar que éstas no son producto de una conducta de precios predatorios, tendería a ser extremadamente lento, quitándole a la empresa pública toda capacidad de respuesta comercial en el segmento de grandes usuarios.

Como parte integral de cualquier esquema de reforma eléctrica, se debe:

(1) Establecer mecanismos de regulación de incentivos para que CFE reduzca sus costos y para que los aumentos de productividad se reflejen en menores tarifas para los usuarios.

(2) Permitir que la normatividad operativa, las estructuras organizacionales y los tabuladores salariales de CFE sean flexibles, dinámicos, e independientes de los rígidos estándares del sector publico, a fin de que la empresa pública tenga capacidad de preservar sus recursos humanos y de generar innovación comercial y de producto en un ambiente de competencia.

(3) Establecer facultades regulatorias restringidas y no discrecionales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con base en los elementos mínimos necesarios para establecer un mercado eléctrico competitivo y eficiente:

(4) Mantener a CFE como una empresa verticalmente integrada con presencia en los sectores de generación y distribución, y el control de la red nacional de transmisión de alto voltaje, así como transformar al Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE) en una división de negocios autónoma adscrita a CFE.

En resumen, habría que introducir cambios radicales al marco normativo de la empresa pública que permitan que CFE compita en igualdad de oportunidades con las futuras empresas privadas del sector, mantener a CFE como empresa verticalmente integrada y sanarla financieramente, introducir facultades restringidas para el regulador del sector con base en los requisitos mínimos necesarios para desarrollar un mercado eléctrico competitivo, y establecer un mecanismo financiero para subsidiar tanto el establecimiento de tarifas reducidas para usuarios de bajo poder adquisitivo, como el mantenimiento y la expansión de la cobertura social.

*Doctor en Economía por la Universidad de Chicago, y profesor e investigador de tiempo completo en Economía Industrial y Laboral adscrito a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Ha ocupado puestos en la SHCP, en CFE, y Cofetel. En esta última fue director general de Estudios Económicos y Regulatorio de 1997 a 2002.