Si la ingeniería de proyectos en México no tiene futuro, es una obligación del gobierno cerrar las facultades universitarias para no seguir defraudando a las nuevas generaciones de estudiantes, ya que el no ofrecer fuentes de trabajo es una trampa preconcebida para la frustración y el fracaso profesional de mexicanos valiosos.

HECTOR A. GENIS JUAREZ*

México atraviesa en estos momentos una situación que requiere urgentemente de la toma de decisiones como un proyecto de Estado para reactivar la economía nacional, rescatando la riqueza de sus recursos naturales para convertirla, a través de todas las cadenas productivas, en bienes y servicios con un alto contenido de valor agregado local.

Para ello, se debe impulsar, apoyar y desarrollar toda la infraestructura industrial requerida, aprovechando la gran capacidad del personal profesional con que cuenta el país y que tanto le ha costado su preparación, y que al momento se está desperdiciando, profesionales que se encuentran subempleados, en el mejor de los casos, o atendiendo otras actividades diferentes a sus conocimientos, capacidad y experiencia.

Por otro lado, se están abriendo las puertas de manera incondicional a empresas y capitales extranjeros que con su gran capacidad financiera, tienen como único interés obtener oportunidades de inversión que les redunden solamente en beneficios económicos, sin importarles realmente la creación de infraestructura de valor en el país ni la reactivación de nuestra economía a través de la participación de la ingeniería mexicana de la industria de la construcción y de los prestadores de servicios o fabricantes de bienes de capital nacionales.

EMPRESAS NACIONALES EN DESVENTAJA

Esto nos lleva a considerar que es necesario explorar nuevamente fórmulas que ofrezcan dotar a los inversionistas nacionales de certidumbre legal y jurídica, acompañada de un compromiso de crecimiento sostenido por parte del gobierno, a través de micro inversiones nacionales, pero que, en su conjunto, podrían incluso rebasar los estratosféricos capitales que las autoridades han planteado como necesarias para lograr la infraestructura que el país requiere para su desarrollo en el corto y mediano plazo.

Si se analizara seria y profundamente, resulta que el crecimiento del país no requiere de inmediato esos capitales y que, con una política racional y nacionalista, podríamos llegar a que lo realmente requerido es autofinanciable a través de una reactivación e incentivación con garantías jurídicas al pequeño pero numeroso sector empresarial nacional.

En el marco de los concursos de megaproyectos, las empresas nacionales están en franca desventaja simplemente por las tasas de interés por financiamiento, ya que en la competencia con empresas extranjeras quedamos totalmente fuera, ya que ellas cuentan con financiamientos del orden de hasta el 2% anual, mientras que México se obtienen financiamientos del orden del 18% anual en el más optimista de los casos. Por lo tanto, estos proyectos no son estratégicamente técnicos, sino estrictamente financieros, lo cual desvirtúa el verdadero propósito de los fines que se persiguen con estos proyectos de infraestructura que deben ser para beneficio del país.

La función más importante de los ingenieros mexicanos, así como la de otros profesionales relacionados con el desarrollo económico del país, debiera ser la elaboración del plan estratégico de desarrollo sustentable en un contexto multidisciplinario, con un proyecto fuerte a través de la ingeniería mexicana de la infraestructura del país, que participaría en el proyecto, la dirección, la construcción, la operación y el mantenimiento de las obras necesarias para generar crecimiento, empleo y justa distribución de la riqueza. Sin embargo, la ingeniería mexicana, en franco declive, ha perdido presencia y capacidad experta en el desarrollo nacional.

ACTITUDES PASIVAS EN EL GOBIERNO

Esa pérdida proviene, en esencia, de una actitud pasiva y cómoda de quienes toman las decisiones, pues prefieren agrupar sus proyectos en grandes paquetes para licitarlos en un contexto internacional, con un mínimo de esfuerzo y riesgo personal, por el temor que tienen para aceptar responsabilidades que los pudiesen involucrar en faltas como las descritas en la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, en lugar de licitarlos en forma disgregada como en el pasado reciente se realizaba y afrontar los retos y responsabilidades que sus puestos conllevan. Deberían confiar en la probada capacidad experta nacional la ejecución de los mismos, deteniendo sanamente la lamentable pérdida de la ingeniería y construcción mexicanas dentro de nuestro contexto nacional, al no fortalecer su capital activo más valioso, que son sus recursos humanos con su vasta y probada experiencia.

La toma de decisiones a la que nos referimos anteriormente, habrá que observarla detenidamente desde dos plataformas:

Una integrada por funcionarios de medio nivel, que son la mayoría, y quienes planean y diseñan los proyectos estratégicos nacionales pero que, al amparo de la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deslindan de toda responsabilidad que debe recaer en ellos debido a la persecución injusta de que son objeto por parte de la Secretaría de la Función Pública.

La segunda, integrada por funcionarios de alto nivel que, inexplicablemente, y con la complacencia del H. Congreso de la Unión y altas autoridades gubernamentales del gabinete del Poder Ejecutivo, asignan directamente megaproyectos y servicios relacionados con éstos a empresas extranjeras o transnacionales disfrazadas de nacionales, violentando las disposiciones de la Ley antes mencionada.

Justamente en medio de estos dos esquemas, se encuentra nuestra ingeniería y construcción mexicanas. En tierra de nadie; sin marco jurídico, sin reglas claras y sin garantías para el inversionista.

Para lograr revertir el problema, en los colegios de profesionales hemos planteado el fortalecimiento de la capacidad experta con una base de participación amplia de todos los sectores involucrados que son: las universidades e instituciones de educación superior, las cámaras industriales, los colegios de profesionales, las sociedades técnicas y, en general, los sectores productivos, las instituciones de evaluación y acreditación como el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y el Centro Nacional de Evaluación de la Enseñanza de la Ingeniería (CENEVAL). Con ello, se espera que los resultados produzcan mecanismos e instituciones fuertes para la formación de los recursos humanos que demanda nuestro desarrollo en infraestructura. Con la formación de recursos expertos con una nueva mística y alto grado de preparación ingenieril, esperamos poder vencer la actitud pasiva y cómoda de los tomadores de decisiones y conducirnos hacia un verdadero desarrollo de infraestructura con ingeniería mexicana.

Otra de las salidas cómodas que están tomando las autoridades, para en cierta forma evadir la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, es la de asignar los estudios y la ingeniería de proyectos a las universidades, tecnológicos, institutos,etc.,cuya función social esla enseñanza, investigación y en general la formación de profesionistas que requiere la sociedad, pero que de ninguna forma cuentan con la experiencia y capacidad para desarrollar la ingeniería que se requiere para la construcción de las obras de Infraestructura de alta calidad, confiabilidad y eficiencia que el país requiere.

Si bien es cierto que estas instituciones han contratado personal que cuenta con experiencia en el desarrollo de ingeniería por haber laborado en entidades como PEMEX, CFE, etc., no se puede garantizar el éxito, dado que no son grupos con el grado de integración que solamente se puede obtener a través de muchos años de experiencias conjuntas y que solamente las firmas de ingeniería dedicadas, consolidadas y con vocación en este tipo de trabajos han conseguido.

El no visualizar esta premisa es un grave error que puede, a mediano plazo, tener un alto costo para el país. Por otro lado, el privilegiar a las compañías extranjeras en confiarles la ejecución de megaproyectos, ha tenido como resultado el desplazamiento de la ingeniería nacional, con los efectos de todos conocidos en las obras realizadas en el pasado reciente.

Es un hecho que la infraestructura con que actualmente cuenta México en el sector petrolero y eléctrico, fue desarrollada principalmente de los años 70 a los 90´s, y aún sigue funcionando y produciendo, ya que es la que ha dado la viabilidad económica actual al país. Fue construida por técnicos e ingenieros mexicanos y por empresas, la mayoría de ellas de capital nacional, por lo que soslayar este hecho contundente no es más que una falta de visión y desconocimiento de nuestro pasado o bien, en el peor de los casos, una estrategia perversa para enajenar los bienes y recursos de nuestra nación.

De acuerdo a un estudio económico realizado recientemente por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, esta industria cobija a otras 70 más aproximadamente, con lo que no queda la menor duda de que esta industria o es un detonante o un paralizador de la economía en cualquier país en desarrollo. Esta es una realidad inobjetable.

ACCIONES PROPUESTAS

Por lo anterior y concretando las acciones que se deben implementar de inmediato se recomienda:

Modificar el esquema comercial de los proyectos estratégicos para competir en igualdad de costos con las empresas extranjeras y que los fondos para su financiamiento se obtengan de otras fuentes disponibles actualmente en los mercados financieros internacionales

Seleccionar a un grupo de empresas nacionales de ingeniería y formar una gran empresa de Ingeniería de Proyectos Nacionales que permita aglutinar a las firmas de ingeniería tecnológicamente sólidas y con filosofías y principios del más alto nivel ético y profesional, contando necesariamente con la participación de los principales notables de los colegios involucrados en este sector como son, entre otros, los de ingenieros: Mecánicos Electricistas, Químicos y de Químicos, Petroleros y Civiles.

Sugerir, dialogar y consensar con las más altas autoridades mediante estrategias inteligentes y dignas de un país como el nuestro, y no populistas vía marchas, machetes y desnudos empezando con el H. Congreso de la Unión, cuya función constitucional es la de representar y proteger los intereses de todos los mexicanos, continuando con los gobernadores de todas las entidades federativas, así como con los altos funcionarios de las Secretarías de: Hacienda y Crédito Público, Energía y de las empresas paraestatales involucradas en las decisiones de los proyectos estratégicos de infraestructura, incluyendo a los de la Secretaría de la Función Pública, para que en la medida de su capacidad dichos proyectos sean asignados a la empresa de Ingeniería de Proyectos Nacionales cuya creación estamos proponiendo.

Llevar a cabo lo propio con las mismas autoridades mencionadas anteriormente, para que un alto porcentaje de los equipos, materiales y servicios que se requieren en los proyectos de infraestructura sean de procedencia nacional y en aquellos rubros en donde no se cuente con instalaciones para su fabricación, obligar como condición imprescindible a que las empresas extranjeras instalen en nuestro país las facilidades necesarias y capacitar al personal nacional para que se fabriquen en el país.

Reforzar la creación de ingenieros de proyectos de todas las especialidades con la participación de las universidades y las demás instituciones de educación superior.

Si la situación actual es una decisión irreversible y la ingeniería de proyectos en México no tiene futuro, es una obligación de las más altas autoridades de este gobierno cerrar las instituciones académicas para no seguir defraudando a las nuevas generaciones de estudiantes, ya que al no ofrecer fuentes de trabajo, no sólo se trataría de un engaño perverso, sino una trampa preconcebida para la frustración y el fracaso profesional de mexicanos valiosos que no merecen ese destino.

Una reflexión que pudiera ser de mucha validez para lo anteriormente descrito es que debemos cuidar a la ingeniería como un patrimonio nacional, al cual debemos apoyar ante cualquier adversidad con objeto de garantizar el desarrollo sustentable del país. Como escribió Juan Enríquez Cabot en el diario Reforma (3/06/03), los países que no le pongan atención a sus recursos humanos, a su educación, a su gente que pueda generar patentes, ideas, empresas..., acabarán quebrando .

* Ingeniero químico de la UNAM. Fundador de varias firmas de ingeniería y perito en administración de proyectos. Obtuvo el Premio Ernesto Ríos de Castillo por la excelencia en la ingeniería química 2003 y es presidente de la Comisión de Enlace Interinstitucional del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos.