El Instituto Mexicano de la Competitividad ha mostrado que la energía eléctrica del país es notablemente más cara en México que en los países socios del Tratado de Libre Comercio, el ámbito principal de competencia de nuestros productos.

Respecto a las actividades productivas, los usuarios de la alta y media tensión cargan con buena parte del gasto del sistema total. A pesar de que su distribución y despacho requieren de menores inversiones y su consumo es más estable, su naturaleza como usuarios cautivos los hace fáciles presas para compensar los subsidios al bombeo eléctrico y aún al consumo residencial. Claro que la planta productiva –laque crea empleos, compite y exporta– es la usuaria de la media y alta tensión.

Este fenómeno se recrudece en la geografía nacional. Existe una clara discriminación del noroeste frente a otras regiones del país. La región que ocupan los estados de Sonora y Sinaloa, por años, fueron deficitarios y su interconexión eléctrica, endeble. Hoy, ésta es una región superavitaria en oferta de electricidad. Contrasta, por eso, el cargo por demanda de verano en el noroeste, que es más del doble de la cobrada en cualquiera de las otras regiones del país, particularmente en las horas pico. Es más, en esta región se tienen 7 horas pico al día, las más caras de todas, comparadas con 3 horas pico al día en el resto del país. Dentro de este universo de clientes se castiga más a los estables que a los consumidores estacionales.

En síntesis: la electricidad es más cara que la de nuestros competidores, más cara para los consumidores industriales, más cara si su actividad industrial la realizan en el noroeste del país y todavía más cara si son consumidores estables a lo largo del año. Estas son malas noticias para la inversión productiva y para la creación de empleo. ¿Es acaso esta discriminación resultado de la falta de reforma eléctrica? Dificílmente.

ARBITRARIEDAD.

¿Quién y cómo se deciden y aplican las tarifas eléctricas? La ley dice que las tarifas las fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), escuchando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a otras dependencias del gobierno federal, con el objetivo de cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía eléctrica.

En realidad, las tarifas se modifican frecuentemente de manera impositiva y los factores regionales, estacionales, y pico tienen una incidencia heterogénea por encima de la base que es el consumo. Esto se agrava si consideramos que en la determinación de esos factores el consumidor no tiene influencia alguna.

Los incrementos estacionales se aplican de manera general salvo a las actividades protegidas (bombeo agrícola) y son independientes del consumo. De manera similar sucede con las tarifas pico. Si a ello agregamos la falta de claridad de la fórmula que incluye factores alfa y beta que llevaría mucho tiempo a un experto de CFE de explicar al público, uno termina con un galimatías que encubre finalmente una determinación arbitraria.

El principio constitucional de proporcionalidad (el consumo, por ejemplo) no puede defenderse con el sistema de tarifas de los últimos tres años. Tampoco el principio de equidad, pues unos ven incrementada su tarifa por actos de terceros y de condiciones ajenas a ellos. Si por ser verano se incrementa el costo para la CFE, ese aumento debería de ser cubierto por quienes incrementan el consumo. Eso no sucede.

La principal causa de distorsiones e inequidades en el tema deriva de la falta de transparencia en la fijación de las tarifas y la dificultad de llevar a cabo una reforma eléctrica solo distrae la atención de la necesaria tarea gubernamental de llamar las cosas por su nombre, remediar las desigualdades y favorecer la inversión y el empleo para el país.

RESPONSABILIDAD

Bien, hay discriminación, hay opacidad y hasta irracionalidad en la fijación de tarifas. Hay inequidades y desproporción, pero seguramente debe haber un remedio. Por desgracia, no lo hay. Además de que la electricidad es cara y más cara para unos que para otros, para unas regiones que para otras, para algunas actividades que para otras y desconectadas del consumo, debemos agregarle las constantes fallas de interrupción o cambios de voltaje que afectan a maquinaria, equipo y la producción. ¿A quién le reclamo y quién mete orden de manera imparcial?

Aquí la falla es de responsabilidad política en condiciones de monopolio. Poco o nada se puede hacer frente a la desventaja, la inequidad o la discriminación en tarifas eléctricas como lo prueba la experiencia de miles de mexicanos.El hecho fáctico es que desde el año 2000 las tarifas de alta tensión se han incrementado desproporcionalmente frente a la década pasada, si descontamos el impacto de la devaluación de 1995. Frente a ello, no hay alegato posible, no hay remedio jurídico, y –salvo actitudes tipo municipio de Atenco- solo queda rogar que las autoridades hagan caso. Eso, con reforma eléctrica o sin ella, está mal.

Pero las autoridades sí pueden hacer mucho, si quieren, y no necesitan una reforma eléctrica para avanzar mucho en esa dirección. Está en sus manos dar transparencia a la fijación de las tarifas, corregir inequidades y moderar las disparidades. Pueden contribuir un gran trecho a nivelar los terrenos de la competencia internacional que ya vivimos. Con ello alentarían la inversión y el empleo, y apoyarían el crecimiento de la economía. Está en sus manos, no en las del Congreso. A ver si les interesa.

LAS TARIFAS Y LA INVERSION

Las tarifas eléctricas de los últimos tres años son un obstáculo central para la competitividad de las empresas. En México, esas tarifas son superiores a las de nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. En la práctica, esto quiere decir menor competitividad de las empresas mexicanas frente a las de otros países, tanto en el mercado interno como en el externo.

Esta situación es particularmente dramática en la minería y, en especial, en el mayor de los consumidores de energía eléctrica del país: Grupo México. Lo es, porque la minería, a diferencia de otras actividades, opera 24 horas al día, todos los días del año. Ello hace de la minería una actividad altamente demandante de energía eléctrica y por tanto, el pago de la electricidad que su subsidiaria Minera México consume, alcanza, en Sonora y en el verano, hasta el 40% del costo de producción.

La situación de incrementos sorpresivos cada año en los últimos tres años ha puesto a relucir problemas profundos en el servicio público de electricidad que el gobierno presta y que, por ley, es el único que puede hacerlo. El primero es el trato regional desigual entre el noroeste y el resto del país. En Sonora, la electricidad de alta tensión y larga duración es más cara que en otras regiones. En el verano, cuando suben los precios de las tarifas eléctricas, la empresa mantiene sus niveles de consumo estables, pero otros sectores incrementan la demanda de electricidad. Sin embargo el costo para Minera México crece más, y más desproporcionadamente, frente al uso de tensión media, residencial o agrícola.Esto no se ajusta a la proporcionalidad de la que habla la Constitución. Es más, el viejo argumento de que en Sonora la electricidad es más cara por ser deficitario, como ya mencionaba, ya no es verdadero en los últimos años. Sonora es superavitario en materia eléctrica.

Grupo México tiene también operaciones, a través de su subsidiaria Asarco, en Arizona y Texas. Entonces, es muy evidente que las tarifas eléctricas en México le restan competitividad a Minera México. La electricidad durante el verano (que dura 6 meses) cuesta más del doble que en Estados Unidos. El precio del gas como insumo no puede ser pretexto porque es el mismo precio que el de Texas, que es su referente. Si aquí cuesta más es porque al costo de referencia se le suman las disparidades que mencionaba y, además, otras ineficiencias o costos del sistema, pero no a todos por igual, sino a la industria de alta tensión.¿Cuál es la política energética del gobierno que afecta tanto la competitividad de los grandes consumidores como Grupo México?

El problema se agrava si vemos una segunda y muy grave consecuencia de una política incomprensible de elevación de tarifas: su impacto en la inversión y en el empleo. Grupo México tiene planeadas inversiones por más de 870 millones de dólares para los próximos 5 años; de los que casi el 80% se destinarían a Sonora. Una inversión de esta magnitud, generadora de miles de empleos directos e indirectos en la fase de construcción, es algo importante aún en economías desarrolladas. Por eso, las inversiones significativas deben facilitarse y promoverse, y no obstaculizarlas o dificultarlas con incertidumbre.

El costo de la energía eléctrica inhibe la inversión productiva. El costo relativamente arbitrario e impuesto monopólicamente de plano frena la inversión. Una parte de la inversión de Grupo México se ha pospuesto ya por la falta de confianza en que las autoridades atiendan y ofrezcan soluciones con certidumbre al escalamiento desbocado de las tarifas eléctricas en Sonora. La única respuesta, hasta hoy, es más de lo mismo. No hay a quién alegarle, no hay con quién remediar.

Al detenerse las inversiones y perder día con día competitividad frente a nuestros socios comerciales, Grupo México puede perder clientes que otros, más competitivos por sus costos, pueden atraer. Esa es una pérdida de mercado que se reflejará, tarde o temprano, en la producción y por tanto en el empleo. La competitividad no sólo es un concepto virtuoso de los sistemas económicos; su falta es descalabro, desinversión, menos producción y desempleo, cuando afecta a importantes sectores de la economía.

Hoy que los precios del cobre y otros metales han retornado a su ciclo ascendente después de años de bajos precios, el mercado adicional que hoy se demanda podrá ser capturada por las exportaciones de otras empresas de otros países. Eso hay que evitarlo por lo que impacta hoy a nuestra economía, pero también porque en unos años volverán los bajos precios de los metales, en un ciclo de caída, que las empresas buscarán sortear en peores condiciones de las que se tuvieron en estos años de bajos precios de los metales. Entonces, el riesgo será superior para las empresas, sin duda, pero también para trabajadores y para cientos de proveedores.

Regresemos al origen. No se necesita una gran reforma eléctrica para corregir, dar transparencia, enderezar las inequidades y las disparidades regionales y sectoriales en materia eléctrica. Sólo se necesita la voluntad de los responsables gubernamentales para hacerlo... o no hacerlo. Transparencia en las tarifas, equidad en los costos, equilibrio en las regiones se traducirán en más inversiones y más empleo. Sería ofensivo señalar, ahora, qué es lo que deben hacer las autoridades.

HACIA UNA REFORMA ELECTRICA INTEGRAL

Sin embargo, en el mediano y largo plazo es necesaria una reforma en materia de electricidad. Actualmente existen diversas propuestas a consideración del Congreso de la Unión para reformar la legislación en materia de energéticos con predominancia de atención al sector eléctrico.Sin embargo, muchas de ellas prestan insuficiente atención a las necesidades del aparato productivo del país, a su competitividad en un contexto de economía abierta a la competencia internacional adentro y afuera de nuestras fronteras y a la viabilidad futura de un crecimiento sostenido con alta creación de empleo.

La competencia externa en nuestro mercado es ya muy considerable y también lo es en el exterior. No sólo México ya cuenta con más de una docena de Acuerdos de Libre Comercio (ALC) sino que nuestro principal mercado, el de Estados Unidos, tiene planes de firmar 31 acuerdos de libre comercio con igual número de naciones. Ello colocará a nuestras empresas en una intensa competencia adicional en los próximos años.

En el frente interno, sin embargo, México mantiene sectores cerrados, neurálgicos para la producción, como el energético, el cual se está encareciendo desproporcionadamente respecto de la inflación y en comparación con el de otros países industrializados. Destaca, por mucho, el encarecimiento de la energía eléctrica, el diesel y el gas que son vitales para la producción de manufacturas, agricultura, minería y transporte, entre otros. Ese encarecimiento se traduce en menor competitividad frente a productores de otras naciones, menores inversiones y menor creación de empleo, que causan, a su vez, menor crecimiento económico.

Por ello, debe realizarse una reforma energética de fondo. En particular, para enfrentar el reto descrito una reforma energética debe, como decíamos al inicio, asegurar la disponibilidad de energía eléctrica y energéticos suficientes, de calidad y a precios competitivos

Si esa disponibilidad fuera suficiente no tendríamos que importar tantos energéticos (gas, diesel y gasolinas) ni tendríamos sobretarifas para castigar el consumo, como lo son las tarifas de verano y el cobro por horas punta de consumo. Si fuera de calidad, no existiría cerca de un 30% de costos adicionales por fallas, interrupciones, cambios de voltaje que incrementan significativamente el costo de mantenimiento de la planta productiva. Si fuera competitiva en precio, la electricidad, por ejemplo, no costaría en verano el doble de lo que cuesta en Texas y, en promedio, no seríamos uno de los países más caros en energía (50% más caros relativos a sectores y regiones y horarios comparables).

Por ello, la reforma debe:

 

• Permitir al Estado asegurar la generación eléctrica y el acceso a energéticos sin distraer recursos necesarios para atender las crecientes necesidades sociales y de infraestructura que le urgen al país y sin descuidar al sector eléctrico mismo. Por ello, una reforma del sector debe incluir las inversiones necesarias para la generación eléctrica que el país requiere en los próximos lustros. Por su alto monto y por las circunstancias mismas de las finanzas públicas y las crecientes necesidades sociales y de infraestructura, la reforma debe considerar incrementos en el gasto público o mecanismos de inversión privada, directa o indirectamente, para asegurar suficiente generación eléctrica o de extracción de gas de largo plazo, sin menoscabo del control del Estado sobre los energéticos.

 

• Ser integral. Sin duda, asegurar el abasto futuro es un objetivo necesario pero no suficiente. Otros temas íntimamente vinculados a la generación son esenciales para proveer energía de calidad y precios competitivos al aparato productivo. Ello significa incluir reformas para ampliar la extracción de gas. En el futuro, el gas natural será la principal fuente de generación eléctrica (en diez años pasará del 15% actual a más de 60%) y no puede sujetarse a que la importamos de un proveedor que, a su vez, va a tener limitaciones serias en este recurso.

 

Igualmente, la reforma debe incluir los procesos de refinación y la petroquímica. Estos sectores no han contado con la prioridad en las inversiones de las empresas públicas ante la estrechez de los presupuestos anuales y la mayor rentabilidad de la simple extracción de crudo. Sin embargo, los combustibles y otros insumes derivados son una prioridad para la planta productiva del país. Esta se ve obligada a pagar gasolinas y diesel, que injustificada e inexplicablemente son importados por el Estado en forma exclusiva, limitando así la competencia en el sector energético, encareciendo sus productos finales, dejando de aprovechar el valor agregadode estos insumos para el país y limitando la creación de empleo en territorio nacional en la industria de la energía y de los petroquímicos.

Por eso, una reforma integral debe incorporar también la capacidad de particulares de importar electricidad e hidrocarburos. Nuevamente, como lo ha hecho ya nuestra economía en las manufacturas, una apertura a la importación de electricidad e hidrocarburos funcionaría como reguladora de precios imponiendo, por competencia, una presión de eficiencia en las empresas estatales. En el caso de la electricidad, que puede legalmente importarse, inexplicablemente no existe aún la infraestructura de alta tensión y de equipo para compatibilizar las características del sistema nacional con la de nuestros vecinos. Tampoco la CFE ofrece respaldo a la electricidad importada haciendo inviable el proyecto de importación de electricidad. En el caso del gas, la infraestructura se realizó para la exportación y hoy en día se utiliza para la importación desde un país (Estados Unidos) que es deficitario de dicho energético, situación inversa a lo originalmente planteado. En otros casos, como la del diesel, también es inexplicable que en un país que ha abierto sus mercados, a través del TLC, se encuentra prohibida su importación por particulares.

En síntesis, respecto a la reforma, de hacerse sólo parcialmente, como lo sería atendiendo sólo la autorización a los particulares de generar energía y comercializar ésta a grandes usuarios o “clientes”, aunque positivo, sería insuficiente, especialmente si en los hidrocarburos esenciales para la generación eléctrica –indispensables para la planta productiva y para el transporte– se mantiene la inflexibilidad, la falta de inversión y el constante encarecimiento que actualmente existe.

 

• Promover la modernización del sector. No podrá garantizarse calidad ni competitividad si la reforma no posibilita legalmente y facilita en la práctica la modernización y competitividad de las empresas paraestatales (Pemex, CFE y LFC) que tienen la responsabilidad exclusiva de proveer energía al país. Se necesita una modernización de instrumentos jurídicos, de infraestructura, de sistemas de distribución y de líneas de transmisión, así como de acceso a energéticos que existen en el territorio nacional para generar electricidad a precios competitivos. Es sólo a través de la incorporación de tecnología de punta y utilización de equipos modernos, entre otros, como se alcanzaría la competitividad industrial en igualdad de condiciones al extranjero. Esta modernización, de hecho, traería una reorganización masiva de las empresas públicas.

 

• Dar autonomía y transparencia a las empresas estatales de energía. Es impensable lograr que la energía en México sea suficiente, de calidad y a precios competitivos bajo la estructura actual de las paraestatales. La CFE, LFC y Pemex no pueden llevar a cabo un cambio interno a favor de la eficiencia, si mantienen presupuestos anuales y sus tarifas son establecidas, revisadas y autorizadas por la SHCP y sus contrataciones, compras e inversiones requieren la aprobación de varias dependencias y comisiones y, en adición, no están obligadas a transparentar todos sus estados financieros y operativos como otras empresas. Tampoco podrán lograr sus propósitos si por vía de aprovechamientos, que tienen que pagar al gobierno federal, pierden prácticamente su capacidad de inversión de largo plazo. Aún sin privatizar a la CFE y a Pemex, no existe razón para no convertirlas en empresas del estado modernas, competitivas y eficientes, que con sus impuestos contribuyan a los objetivos y gastos del gobierno federal.

 

Para avanzar en el objetivo de autonomía, transparencia y eficiencia de la CFE, PEMEX y LyFC, debería considerarse seriamente incorporar las disciplinas empresariales modernas a esas empresas públicas. Ello se puede lograr haciendo pública –no sólo paraestatal– a Pemex, a la CFE y a LFC.Esto significa “bursatilizar” un porcentaje minoritario de acciones, con candados sobre máximos que una persona física o moral puede detentar. El Estado mantendría siempre el control y la rectoría de las empresas. La empresa paraestatal pública, listada en Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en Bolsas extranjeras (NYSE, por ejemplo), tendría que cumplir con el sistema de reportes periódicos, eventos relevantes y transparencia de la información tanto financiera como operativa, bajo estándares internacionalmente reconocidos. Su estructura dejaría de ser la de una dependencia o entidad para actuar como una empresa plena. Además, podría acceder transparentemente a mercados de capital y de deuda para financiar su modernización y desarrollo. Ello no lastima ni disminuye el propósito social de las empresas paraestatales. Por el contrario, lo hace viable, transparente y duradero.

Nadie puede permanecer impávido ante la amenaza de más cierres, desinversión y desempleo por la pérdida de competitividad causada por la excesiva carga del costo de los energéticos y de la energía eléctrica. Es responsabilidad política y de todos avanzar en una reforma completa, integral, profunda y viable del sector energético. Desde el ángulo de la planta productiva, la reforma es urgente y, para el país, es indispensable. La adecuación de tarifas eléctricas industriales y de los precios de gas y diesel para hacerlos competitivos es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, pero es responsabilidad presente e indispensable de todos, incluidos los legisladores, el atender y lograr este objetivo ahora, para recuperar la creación de más empleo, incrementar las inversiones de la planta productiva y elevar la competitividad de las empresas y del país.

*Es abogado por la UNAM, M.A. en Filosofía por la Universidad de Tulane y LL.M. por la Escuela de Derecho de Harvard. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores de 1994 a 2000 y ha tenido varios cargos públicos. Es autor del libro “La Reforma del Estado” (Fondo de Cultura Económica). Actualmente se desempeña como Vicepresidente Internacional de Grupo México (juan.rebolledo@mm.gmexico.com)