Regresar a la lista artículos | Inicio

Apuntes sobre el PRI y la reforma energética

 

Al eliminar candados en materia energética, el PRI apuesta a la modernización del país. Sin embargo, para que se den los beneficios completos de una reforma profunda del sector energético, muy bien puede tomar 12 años, por lo que más vale dar los primeros pasos.

 

EDUARDO ANDRADE ITURRIBARRÍA*

 

La reciente asamblea nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) arrojó resultados sobre temas energéticos que podían esperarse de un partido que, por un lado, siente que puede tener a su alcance la Presidencia de la República y que, por el otro, entiende que la modernización del país pasa por la redefinición de las estructuras económicas y cuya actualización ha sido soslayada desde su incipiencia.

Entiéndase que se expropió la industria de exploración y producción petrolera en 1938, se adjudicó al Estado la exclusividad de las actividades de refinación en los años 50 –o sea que no fue parte del quehacer del General Lázaro Cárdenas de ninguna manera– y finalmente se nacionalizaron los activos de la industria eléctrica en 1960, pero nunca se adaptó el marco jurídico para permitir su sano crecimiento ni se crearon las instituciones normativas o regulatorias que aseguraran que los usuarios fueran proveídos de servicios comparables a los de ambientes competitivos.

Considero que su crecimiento ha sido complicado y aunque probablemente los servicios prestados sean de calidad mundial, no tenemos ningún mecanismo externo que nos lo confirme. De hecho, dadas las limitaciones presupuestarias y de marco legal, más bien habría que pensar que hay áreas de oportunidad para mejorar nuestras tres empresas energéticas paraestatales.

Las diferentes manifestaciones de los priístas a favor y en contra de la modernización energética parecerían ser diametralmente opuestos a los de aquella reunión del PRI definitoria para la plataforma político electoral del período 2003 a 2006 y en la que se normó la gestión de la fracción priísta en la Cámara de Diputados durante la presente legislatura.

En aquel entonces, la redacción del documento que puso candados a cómo es que se debía actuar respecto al sector energético era bastante vaga y ahora la redacción del documento en que la conclusión fue que siempre sí se debe promover la modernización del sector también es bastante ambiguo. Sin embargo, la diferencia está en la actitud sobre el mismo tema. Mientras que antesel mensaje era que no progresarían las propuestas de modernización, ahora lo que trasciende es que el PRI apoyará las modificaciones al marco jurídico del sector.

Habría que tener paciencia para saber como se implementarán los cambios al sector, porque lo primero que ha quedado claro es que el mayor potencial para una crisis en el sector energético vendría por el lado de los hidrocarburos y no por el lado de la electricidad. Hasta hoy, no hay más que una sola propuesta de legislación energética que contemple al gas natural: la del diputado Jorge Chávez Presa en los momentos finales de la pasada legislatura. Dicha propuesta lo hacía superficialmente y no tocaba otros hidrocarburos o el proceso y transporte de los mismos.

De cualquier forma, la apertura de los candados no significaría más allá de que el PRI retome la posición sobre el sector energético con la que se presentó a las elecciones del año 2000 en que clara y explícitamente proponían buscar alianzas y coparticipación entre las paraestatales y los particulares. Por cierto, esta plataforma electoral es con la que elegimos a los senadores del PRI, por lo que extraña por demás que algunos de ellos estén actuando con tanta vehemencia en contra de lo establecido en un documento legal oficialmente registrado en el IFE.

Si en 2003 se dijo que los diputados de la actual legislatura del PRI no podían votar a favor de la modernización del sector energético porque eso era lo que les mandaba la plataforma política 2003-2006, ¿qué podemos pensar de algunos de los senadores de ese mismo partido cuando no han obrado en consecuencia de lo estipulado en la plataforma político electoral 2000-2006?

Es de esperarse que haya reacciones en contra y particularmente oportunismo político para manifestar la oposición al demonio inexistente de la amenaza de privatización de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro, o a favor de los hidrocarburos como propiedad de la nación. Después de todo en el repertorio de discursos fáciles de cualquier político debe obrar un par de frases en contra de los Estados Unidos y un par más sobre su amor por Pemex y CFE (y por cierto generalmente se les olvida la existencia de Luz y Fuerza del Centro).

La verdad es que nadie propone ni la venta de activos ni la pérdida ni la cesión del dominio sobre los hidrocarburos.

Pero lo que es una realidad es que los beneficios de cualquier reforma que se haga ya no tendrán ningún efecto positivo durante la gestión del Presidente Fox, cuya administración deberá cargar con el costo político de lograrla. Parece clara la intención de los tres partidos mayores de conseguir las modificaciones pertinentes para contar con un sector energético sin las trabas para la expansión con las que ahora cuenta y lo interesante será saber como pueden hacer las cosas de forma en que se logre el objetivo de modificar el marco legal simultáneamente con la menor cantidad de daños, esto para no afectar la percepción del electorado sobre su quehacer y con la potencial pérdida de votos consiguiente.

En este sentido es alentador que inclusive, Andrés Manuel López Obrador, como el candidato más hacia la izquierda de los que puntean las preferencias electorales rumbo a la Presidencia, no ha asumido una posición dogmática respecto a la “defensa de la Constitución” como elemento rector de su potencial posición sobre el sector en caso de llegar a Los Pinos. Si bien su exposición sobre el tema dentro de su libro de inicio de campaña no es profunda, tampoco muestra ninguna fobia irreconciliable con la participación privada. Más bien diría yo que se trata de un acotamiento de espacios más que de una exclusión.

Desde luego, desde López Obrador hasta el candidato más hacia la derecha que pudiera competir por la Presidencia tendrán que pasar por el tradicional deslinde respecto a que no se privatizarán ni los activos de las paraestatales ni los hidrocarburos. Esto es algo en lo que todo mundo está de acuerdo, pero la gran disyuntiva es saber hasta dónde se llegará legislativamente y cuándo se hará.

Desde mi perspectiva, se deberá recalcar que en cualquier propuesta hay un transitorio que comienza desde donde estamos ahora y culmina con un punto en que se puede declarar implementada la propuesta. Siguiendo con esta línea de pensamiento, pensaría que estamos muy lejanos a la posibilidad de vivir en un ambiente de competencia dentro del sector energético, por lo que una primera etapa seguramente consistiría en permitir la participación privada en actividades que hasta ahora están reservadas al Estado como: transporte de refinados o crudo por ducto, refinación, petroquímica básica, explotación petrolera en aguas profundas, transmisión o distribución eléctrica mediante alianzas estratégicas, concesiones, proyectos público privados o alguna otra forma.

Simultáneamente, deberán crearse o rediseñarse las instituciones pertinentes que pudieran normar la competencia protegiendo los intereses de los usuarios finales de los servicios. Sin este antecedente, que es probablemente soslayado por falta de comprensión sobre la relevancia de, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), no hay forma en que alguna vez pueda haber competencia en el sector energético. La CRE jugaría un papel tan importante para el sector energético nacional como el que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su ramo, y así como es inconcebible la actividad bursátil o bancaria sin la CNBV tampoco lo sería la competencia en energía sin una CRE con la fuerza y las atribuciones necesarias para desempeñar tan sensible encargo.

La competencia existe ya en el sector eléctrico nacional en el segmento de generación y de menor manera en la transmisión, aunque sus repercusiones económicas no se vuelven explícitas a los usuarios, pero es un hecho real y vigente. En otras áreas de la industria energética será más difícil que exista la competencia. Sin embargo, para que los beneficios completos de una reforma profunda del sector energético se comiencen a dar, o para decirlo de otra forma, para que se pudiera hacer un corte y decir que la reforma energética está plenamente implementada muy bien puede tomar 12 años, por lo que será motivo de celebración para los mexicanos de ahora y para las generaciones posteriores que por fin pongamos manos a la obra.

 

*Ingeniero civil, egresado de la UNAM con especialización en administración de proyectos y posgrado en finanzas del ITESM y de proyectos de inversión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eléctrica y se desempeña como director de Desarrollo de Negocios de Techint