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Precios y tarifas de los energéticos

Es atractivo, en tiempos electorales, prometer bajar los precios de los energéticos. En la práctica, no es fácil hacerlo y las experiencias con los controles de precios generalmente no han sido buenas.

*EDUARDO ANDRADE ITURRIBARRÍA

Los dos candidatos de la izquierda a la Presidencia de la República (recuérdese que el Partido Revolucionario Institucional es orgulloso miembro de la Internacional Socialista) han ofrecido disminuir las tarifas eléctricas y el precio del gas. De buenas a primeras la oferta suena atractiva. Cumple con los anhelos del empresariado de tener electricidad a precios más aproximados a los comparativos que han preparado, usando como referencia los Estados Unidos y gas natural por debajo del precio de mercado del subcontinente. Para los usuarios residenciales significa simplemente menos dinero gastado en esas cuentas y con eso basta. Después de todo, quién no prefiere gastar menos.

Sin embargo, dichas promesas chocan con la historia de los partidos que las proponen o chocan con promesas simultáneas que han hecho dentro de su propuesta sobre energía para esta campaña, como un crucigrama en el que las palabras horizontales no checan con las verticales, y en políticas públicas la congruencia tal vez valga más que la genialidad.

En el caso del PRI, la propuesta sobre el sector energía es tan conceptual, para quienes la apoyan, o vaga, para quienes no la prefieren, que no dice nada concluyentemente como para que alguien se le pueda oponer ni para que signifique un gran cambio en ningún sentido. Lo que es claro es que ofrecer disminución en tarifas y precios es regresar a la protohistoria del PRI, dando un brinco hacia atrás y omitiendo las etapas recientes de los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo en que se optó por que los precios de los insumos energéticos fueran determinados por mecanismos de mercado.

Hacer esto conlleva hacer suya la potestad para determinar cuáles son los precios adecuados siempre y en cada momento para el funcionamiento de las empresas hoy y para que también sustenten su crecimiento en el futuro. Desgraciadamente, la historia del país está llena de fracasos vinculados al control de precios y de cómo, cuando aquéllos que promueven el control de precios se van, dejan como legado una bomba lista para explotar o los escombros del desastre que contribuyeron a crear.

Para quien crea en utilizar los mercados para encontrar el precio de un bien, lo contrario sería determinarlos por el designio de una persona, y esto en sí es equivalente a que esta persona se esté adjudicando el derecho de otorgar un subsidio igual a la diferencia entre el precio de mercado y el precio controlado: Si así fuera, y en el caso de México, mediante este mecanismo se estarían aprobando y aplicando subsidios sin el análisis, control ni aprobación del Congreso de la Unión. Estos subsidios pueden ser causa de pérdida de ingresos fiscales, como en el caso del gas natural, pero también pueden requerir egresos de efectivo para incrementar los subsidios al sector eléctrico, lo que sería distinto al subsidio virtual que actualmente forma parte de las tarifas de Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las mismas consideraciones pueden hacerse para el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al respecto del control de precios. Sin embargo, siendo que Andrés Manuel López Obrador tuvo el acierto de publicar su propuesta de política energética, también es posible analizarla y cotejarla con éstas, llamémosles, precisiones sobre su reciente proposición de buscar precios y tarifas justos. Ofrecer reducirlas indica haber hecho ya, hoy y desde fuera del gobierno central, un análisis cuyas conclusiones han sido que las tarifas y precios son más altos de lo que debieran ser y, por lo tanto, honrando la palabra empeñada, hay que reducirlas para alinearse con las que la justicia indicaría, cualquiera que ésta fuera.

Pero aun si encontráramos el punto en el espacio en que las tarifas y la justicia se hermanan y que se resolviera el dilema de los fondos para otorgar subsidios que causan egresos de fondos y que solventáramos la deficiencia en la recaudación impositiva, se mandan mensajes contradictorios a algunos otros puntos más dentro de la misma propuesta de política energética de López Obrador.

En ésta se hace un claro argumento a favor de la diversificación de combustibles para la expansión del parque de generación eléctrica, alejándose de la utilización del gas natural, pero, al reducir su precio, obligaría a CFE a no solamente no diversificar sino a intensificar la utilización del gas natural como combustible de preferencia. También, dado el menor precio del gas natural, se alteraría la matriz de evaluación de proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex). Con un menor precio y un mismo costo de inversión, la rentabilidad se disminuye, por lo que asignarles los ya escasos recursos para inversión de Pemex será todavía más improbable contribuyendo a incrementar la dependencia de las importaciones de gas natural simplemente para evitar la escasez, al contrario de lo que también se propone como un objetivo fundamental de política energética.

Similarmente, al ofrecer reducir los precios de la gasolina claramente se induce su mayor utilización. México es un país que se encuentra en un nivel de desarrollo económico que lo lleva a observar un incremento en utilización de vehículos y combustibles, que es más acelerado que el mismo crecimiento de la economía. A mediados de marzo de 2006, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos equivale a 7.34 pesos por litro y en Europa es más del doble, ambos por encima del precio de la gasolina en México. La lógica de bajar los precios al menos no reside en un análisis comparativo, pero lo que es cierto es que si ahora Pemex ya pierde en la venta de la gasolina, con una reducción de precio perdería aun más y desde luego que también las decisiones de inversión en refinación perderían mayor atractivo.

Que sean menos atractivas también se contrapone con la propuesta de construir tres refinerías por la pérdida de rentabilidad inducida por el menor precio del producto final. Además, otro de los objetivos anotados en el punto 22 del Proyecto Alternativo de Nación de AMLO es el uso eficiente de los combustibles, que en sí es un buen objetivo, pero que no sería efectivamente impulsado por las acciones de gobierno si por otro lado se disminuye el precio de los combustibles.

López Obrador innovó al presentar en fechas tempranas una propuesta de política energética, se sujetó al escrutinio y la crítica lo que representa un factor positivo en su carrera hacia la Presidencia. Su propuesta es mejorable, sin duda, en factores como, por ejemplo, el desarrollo del valor total del aceite en la refinación hasta la coquización, pero una propuesta válida al fin y al cabo.

A tres meses de la elección presidencial y con 10 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor, se esperaría que la propuesta presentada convergiera hacia una política de Estado. Sin embargo, abandonar los mecanismos de mercado por los que otras administraciones ya pagaron un precio político, en vez de simplemente corregir las deficiencias que pudieran tener esos mecanismos no son signo de convergencia, ni son, dada la amplia ventaja de que goza, necesarias.