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La reforma, atorada otra vez

 

Se agota el modelo petrolero, que no ha podido trascender hacia
la creación de una verdadera industria generadora de valor agregado.

 

Sergio Benito Osorio*

 

Se ha iniciado el año con un intenso activismo gubernamental en los medios alrededor de un tema reiteradamente anunciado durante los últimos 10 años: la “reforma energética”. El propio presidente Felipe Calderón ha encabezado los llamados para “analizar cuál es la mejor reforma energética que conviene a la nación”, advirtiendo  que Pemex requiere con urgencia una mayor inversión para compensar la caída en la extracción petrolera, que se registra desde hace cuatro años, y la lentitud para reconstituir las reservas de petróleo que garanticen la seguridad energética del país en el mediano y largo plazo. 

Los argumentos del presidente son plenamente verificables en la realidad de la industria petrolera mexicana, pero reducen uno de los desafíos más grandes del país a un tema de balance de caja, pues la insuficiencia de inversión siempre podrá solucionarse cuando el negocio es rentable, y más cuando los precios del petróleo aumentan sin cesar desde hace cuatro años. El problema de fondo que se soslaya es el agotamiento del modelo mexicano de explotación petrolera.

Me refiero a que la actividad extractiva de hidrocarburos y el aprovechamiento fiscal de su renta económica fenecen al ritmo del agotamiento de los recursos naturales explotados. Un modelo que no ha podido trascender hacia la creación de una verdadera industria generadora de valor agregado, con instituciones operadoras modernas, cuyos frutos hubiesen podido estimular el desarrollo de las otras ramas industriales, la formación de recursos humanos, la creación de tecnología y la competitividad de la economía nacional; vehículos que, en última instancia, tendrían que haber convergido en la promoción económica para una mayor equidad social.

 

LA NECESIDAD DE UNA REFORMA

Lejos de ese debate, la mayoría de las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión están a la espera de una iniciativa de reforma que dé contenido a una discusión que ya inició entre “privatizadores” y “defensores del petróleo” –sin importar lo que eso signifique en realidad–  y que,  a mediados de febrero, tiene como rasgo principal la ausencia de propuestas; al tiempo que crece una campaña en medios electrónicos para convencer a la opinión pública de la necesidad de “una reforma”. El ambiente de expectación creado, además de ser proclive a una gran cantidad de suposiciones y rumores, ha sido un error de los promotores porque la ausencia de precisión vicia a priori un debate que ha sido jalado inmediatamente hacia los extremos.

 

PEMEX: ¿NO HAY DINERO?

Debido a que los términos iníciales de la discusión se han ubicado en la falta de dinero para expandir la explotación petrolera, es útil detenerse a ver lo que ha ocurrido los últimos años con los ingresos petroleros, porque según los informes publicados por la Secretaría de Hacienda no habría tal insuficiencia.

El incremento sostenido de los precios internacionales del petróleo ha derivado en un flujo de excedentes como nunca antes había conocido el país.  Desde hace cuatro años los precios a los que se ha vendido la mezcla mexicana de petróleo crudo se han duplicado: pasando de 31 a 61 dólares el barril, generando un ingreso fiscal que se ha incrementado en 40% entre los años 2004 y 2007.

De hecho, el aumento de los precios ha compensado con creces la disminución de los niveles de producción, que ya totaliza una pérdida de 300 mil barriles diarios y que puede seguir profundizándose en los próximos años. No obstante, y sólo como ejercicio, un aumento ligero de los precios en tres dólares, que no resultaría excesivo en modo alguno, permitiría cubrir los ingresos fiscales de una reducción adicional equivalente a 150 mil barriles, o dos años en el ritmo de declinación de la extracción.

Por otra parte, si se toma en cuenta que la desviación promedio entre el precio del barril de petróleo mexicano fijado por los diputados para financiar el presupuesto federal (ver la Ley de Ingresos de la Federación) y el precio efectivamente cobrado por Pemex alcanza los 15.5 dólares, se puede observar que el orden de los excedentes ha sido de 18.5 mil millones de dólares anuales, que en otro contexto hubiera facilitado la recapitalización sólida de Pemex. Sin embargo, esos recursos se han orientado al beneficio de los gobiernos de las entidades federativas, a mejorar -en menor grado- la inversión en Pemex y mantener un fondo de estabilización de ingresos petroleros que, al finalizar 2007, asciende a 5 mil millones de dólares.

 

 

Aún cuando pudiera ser interpretada como una distracción innecesaria, también vale la pena señalar que el fondo de estabilización debería ser más amplio. Sin embargo, su administración es difícil de entender, porque sistemáticamente ha gastado grandes cantidades de dinero en adquirir coberturas financieras para el 18 o el 20%  de la extracción, en escenarios que no suponen un inminente desplome de los precios internacionales. Estas compras no han querido ser aclaradas por la Secretaría de Hacienda. Incluso ante solicitud ciudadana canalizada legalmente por el IFAI, la dependencia federal se ha negado aduciendo que “la divulgación de dicha información puede dañar la estabilidad financiera o económica del país”. En todo caso ya suman 26.3 mil millones de pesos, en cuatro años, que bien pudieron haber pagado (por ejemplo) el 40% del costo de una nueva refinería que resulta indispensable para el país.

 

ELEVAN LA INVERSIÓN

El propio presidente Calderón ha subrayado que la inversión en Pemex durante el 2008 rebasará los 200 mil millones de pesos, mientras el informe de Pemex “Reservas de Hidrocarburos al 31 de diciembre de 2006” sostiene que para obtener una meta adecuada en la restitución de reservas se requiere de una inversión anual de 13 mil millones de dólares, de tal modo que en el corto plazo no tendría que existir una escasez dramática de recursos. Es evidente que el tema es cómo sostener en el mediano y largo plazo un monto suficiente de inversión, dado que sería irresponsable apostar –como única alternativa–  a que los precios internacionales mantuvieran la tendencia alcista hasta hoy predominante. Pero también es incorrecto aducir que el problema central de la explotación petrolera en México hoy es la falta de recursos financieros, cuando se está viviendo una etapa de altísimos ingresos petroleros.

Sería positivo para el debate admitir, al menos, que la tendencia de los precios y la formación de excedentes ofrecen la oportunidad de integrar la base de un programa financiero de mediano plazo para fortalecer prioritariamente la inversión en exploración, mejorar la restitución de reservas, y fortalecer el sistema nacional de refinación, lo que implicaría reorientar el uso de los excedentes petroleros.

Por otra parte, limitarse a restituir los niveles de reservas sólo permitiría suministrar oxigeno al mismo modelo extractivo prevaleciente. El Estado mexicano, por su incapacidad fiscal, ha condenado a Petróleos Mexicanos al estancamiento de su concepción del negocio petrolero. Mientras otras empresas de su tamaño obtienen ingresos por la venta de productos con alto valor agregado, tecnología y capacidad corporativa, Pemex se limita a los ingresos derivados de la venta de petróleo crudo que la hace vulnerable a las altas y bajas del mercado, así como al inexorable agotamiento de los recursos naturales explotados.

Cambiar esa situación implica un programa de largo plazo que sólo puede lograrse a partir de un verdadero y duradero consenso nacional, cuya base central sea la de mantener la explotación de los hidrocarburos como área exclusiva del Estado mexicano y el fortalecimiento de Pemex. Guste o no a quienes, desde una opción liberal, pretenden la apertura de la explotación petrolera a la iniciativa privada, una reforma constitucional a modo no es viable política y socialmente en un futuro razonable, como no lo ha sido desde que se revivió este antiguo debate con las reformas salinistas que, por cierto, se quedaron a mitad de camino en materia de gas y petroquímica, en un momento en que la oposición legislativa y social estaba menos organizada y el presidente de la República y su partido eran mucho más fuertes de lo que son hoy.

 

LA REFORMA, TEMA ABIERTO

Nadie puede afirmar que la modernización del modelo petrolero mexicano es una tarea al alcance de la mano, menos aún cuando existe la crispación social que impide un diálogo con la intención de alcanzar acuerdos. Quizás lo más conveniente es presentar las propuestas por todas las partes interesadas sin la fatalidad de un tiempo preestablecido, y madurar la conciencia política de que sin un verdadero consenso nacional se mantendrá la pérdida de oportunidades, como es la coyuntura actual de precios altos, la confrontación nacional y el debilitamiento de Petróleos Mexicanos.

El gobierno actual ha cometido el mismo error que sus predecesores: creer que la sola voluntad presidencial y el “amarre” entre las cúpulas legislativas era suficiente para insistir en “una reforma” que modifica un acuerdo tácito en el imaginario de la gran mayoría de la población: el petróleo y Pemex son propiedad de todos los mexicanos y no se deben privatizar.

Más allá de los significados racionales de tal percepción, a la oposición sólo le bastó alertar sobre “la inminencia de la privatización petrolera” para despertar (hasta ahora) una expectativa social contraria a cualquier transformación del régimen constitucional vigente. De cualquier manera, el tema está abierto y se debe avanzar hacia la presentación de propuestas. Ojalá y ese ejercicio pueda llevarse a cabo sin la trillada manipulación de escenarios para que, ante la sociedad, cada quien se haga cargo de su propia responsabilidad.

 

*Economista. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura, y es miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía, www.energía.org.mx, (sosorir@hotmail.com).