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Petróleo: cuando el destino nos alcance

El país deberá enfrentar la discusión sobre la apertura de la industria petrolera. De la seriedad con que lo hagamos, dependerá, en gran parte, nuestro futuro.

EDUARDO ANDRADE ITURRIBARRÍA*

La declinación del yacimiento supergigante de Cantarell es inevitable, como la de cualquier otro yacimiento. Sin embargo, Cantarell es diferente a cualquier otro yacimiento en el contexto de que su explotación ha sido fuente de recursos para sostener el gasto público del país, tanto para pagar burocracia como inversión, o para dar servicio a la deuda que el país ha contraído en distintas épocas de la historia reciente.

Por lo tanto, si en los próximos años –me refiero a no más allá del 2010– concurrieran dos eventos como que la reposición de las reservas petroleras del país y en particular aquellas que reemplazarían la declinación de Cantarell no fueran del mismo volumen y calidad de las que provienen de él ahora, y si los precios del crudo disminuyeran como los analistas prevén que suceda en cuatro años más al madurar las inversiones que se han estado haciendo a nivel mundial, lo que acontecería es un efecto compuesto para la hacienda pública mexicana en que no sólo tendríamos menor cantidad de petróleo disponible, sino que esa cantidad debería ser comercializada a menores precios de lo que sucedería si mantuviéramos la mezcla actual.

Si aunamos a esto que la rentabilidad de los Pidiregas, cuya evaluación por el Ejecutivo y cuya aprobación por el Legislativo presume que generen fondos suficientes para repagarse por si mismos, no cumpliera con las expectativas que se generaron cuando se les programó, entonces el país podría caer en una situación de insolvencia en alguna escala: por un lado, menos dinero entraría a las arcas gubernamentales y, por otro, habría una cauda de compromisos con instituciones financieras y enormes problemas para fondear el gasto social y de inversión del Estado mexicano. El dilema será cómo continuar prestando los servicios públicos y mantener el aparato burocrático vigente sin tener los recursos necesarios para hacerlo.

EVITAR LA INSOLVENCIA

Obviamente, una solución es aumentar la recaudación fiscal mediante impuestos y otros derechos como las aduanas, pero la ineficacia para aumentar la base contribuyente hace prever que una solución como ésta no es fácil de implementar y, además ,el tiempo ya por si solo no es suficiente para que remplacemos el petróleo como una muy conveniente forma de solapar las carencias del sistema tributario. Cabe recordar que por cada dólar emanado de la renta del petróleo que se quiera sustituir por ingresos impositivos, se debe encontrar cientos de miles de contribuyentes promedio.

Una segunda solución, muy socorrida por los gobiernos de los años setenta en México y de profunda irresponsabilidad, es la impresión de más dinero. Por fortuna, el andamiaje institucional del país y las lecciones aprendidas en base a sufrimiento de al menos una generación prevendrían que se permitiera una solución como ésta a un problema de ingresos gubernamentales.

La tercera opción, que ha sido planteada antes, pero constituye uno de los elementos más controversiales en la vida nacional, es apoyar el crecimiento del país con los recursos que provendrían de la explotación de hidrocarburos en que empresas extranjeras compartieran capacidades gerenciales, tecnología, administración de riesgos, los riesgos mismos y el producto de dicha actividad con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Desgraciadamente, la renuencia a considerar esta opción por un segmento importante del Congreso y de algunos políticos se ha convertido en una posición fácil de respaldar, argumentando razones relevantes a la exposición de motivos que se tuvo en los años treinta del siglo pasado durante el movimiento de Expropiación.

Ésta será una discusión que habrá que enfrentar en el país y de la oportunidad con que lo hagamos y de la seriedad que imprimamos dependerá, en gran parte, nuestro futuro. Una discusión como ésta debe estar separada de atavismos ideológicos por un lado y de intereses meramente comerciales por el otro. El resultado debe incluir un procedimiento metodológico que determine, haciendo caso exclusivamente a criterios técnicos, si Pemex puede o no puede por sí mismo enfrentar un reto como éste dentro de un horizonte, que al mismo tiempo, sea realista y contribuya a no postergar más las necesidades del país: es distinto que le tome 10 años a que le tome 50 años.

Por desgracia, el debate ideológico ha obnubilado la apropiada toma de decisiones sobre el tema, siendo que oponerse a una política pública como ésta podría inclusive ser la opción correcta, si emanara de un proceso de decisión que objetivamente así lo indicara. Pero si bien por un lado habemos quienes hemos concluido que las alianzas estratégicas son el camino que el país debe tomar como destino indefectible, apoyándonos en que el resultado sería positivo, tenemos por el otro lado quienes argumentan, extrapolando de la historia de Pemex que, una vez más, como se hizo apenas después de la Expropiación, su capital humano podrá desarrollar las habilidades para explotar las aguas profundas sin necesidad de apoyos externos. Esto es pronosticar el futuro utilizando el pasado como herramienta única de predicción, lo que es bastante cuestionable.

Un asunto como éste requiere primero de información más que de ideas, de un diagnóstico técnico y económico que defina la factibilidad y el horizonte de tiempo en que las cosas podrían suceder bajo diferentes escenarios diseñados por técnicos que no respondan a una agenda política con resultados preconcebidos, sino a la objetividad numérica. Se requieren datos e información –y no esperanza idealista o pragmatismo simplista– como sustento de lo que posteriormente tendría que convertirse en elemento de decisión para una potencial política pública.

Sin embargo, esto solamente nos indicaría cuáles serían las necesidades y antecedentes de una potencial decisión afirmativa respecto a producir crudo mexicano en aguas profundas, la que debiera seguir a la verdadera decisión que se requiere tomar: debemos o no debemos explotar nuestras reservas en aguas profundas. Una decisión como ésta requiere de cierto andamiaje previo, sin el que es impensable que se pueda convertir en una decisión firme en la que se obligue a la generación actual y a las futuras. Ese andamiaje deriva en adquirir conciencia del acto en que se incurre, por un lado las obligaciones que se adquirirán y por otro los resultados que se esperan de la decisión. Por ejemplo, ¿quién hoy está capacitado para decidir cómo administrar la riqueza futura de los mexicanos, el ritmo al que se debiera permitir la producción público-privada de hidrocarburos o en qué y cómo se deberán utilizar los recursos provenientes de esta decisión?

¿CÓMO USAR LOS RECURSOS PETROLEROS?

Claramente, existen miles de proyectos productivos en los que se podría utilizar una mayor cantidad de recursos financieros en el país. De hecho, ya los gobernadores de los estados hacen uso de parte de los excedentes petroleros para invertir en infraestructura, o así creemos que lo hacen. Pero una pregunta real es si el mejor camino es la pulverización de los recursos para proyectos estatales o para grandes proyectos de índole regional, que beneficien a varios estados simultáneamente sin que ninguno de ellos ostente la titularidad del mismo, o inclusive a proyectos nacionales como pudiera ser una cruzada por la educación o el financiamiento del desarrollo tecnológico del país. ¿O qué tal utilizar los recursos provenientes de una fuente de energía como el petróleo para que México participe activamente en el proyecto que varios países de alto desarrollo, y Corea del Sur, emprenden ahora en Francia al construir un prototipo de reactor de fusión nuclear?

La gama de ideas en que los ingresos petroleros pueden ser utilizados va geográficamente desde el nivel estatal hasta aplicaciones extraterritoriales. En el sentido conceptual puede ir desde cuestiones puramente físicas y materiales, como el desarrollo de infraestructura, hasta la inversión en capital humano o el prepago de deuda. El rango de opciones es amplio. Algunas tienen rentabilidades sociales difícilmente calculables, otras tienen rentabilidades financieras de fácil entendimiento y otras simplemente son apuestas al futuro, como la educación, que de buenas a primeras parecen fáciles de vender al electorado y a los representantes populares en el Congreso, pero en la cual probablemente la pregunta más importante es si la estructura del aparato educativo mexicano vigente requiere y merece más recursos, como los provenientes de la producción petrolera.
En términos coloquiales es equivalente a preguntarse qué haríamos si decidiéramos hipotecar nuestra casa. Primero, tendríamos que encontrar una razón y un objetivo para hipotecarla y, en uso del mínimo grado de conciencia respecto a nuestro patrimonio, no especularíamos en ninguna forma.

Similarmente, para México la explotación de hidrocarburos en colaboración con empresas privadas tiene que estar enmarcada en el uso pleno de su soberanía y del diseño de un país mucho más próspero y con menores desigualdades que las presentes. Este ejercicio necesariamente pasa por el consenso razonable y razonado de la presente generación de mexicanos en lo que debiera ser el encargo del Congreso de la Unión a un grupo especialista en el tema, libre del agravio implícito con el que, desafortunadamente, las señoras y señores legisladores son percibidos por la ciudadanía según las encuestas de opinión. A partir de entender qué país vislumbramos para las futuras generaciones dependerá saber qué estrategias y tácticas necesitamos poner en marcha para llegar al objetivo. Por las diferencias entre lo que somos y lo que debiéramos ser en ese ámbito de prospección resulta evidente que, aun si no conocemos el destino, requeriremos cantidades de dinero que rebasan nuestra capacidad actual para generarlas y probablemente nuestro potencial de obtención de recursos dentro del paradigma presente de desarrollo económico y de asignación de recursos al gasto público. Es ahí donde encuadraría la necesidad de producir más petróleo o no hacerlo, la velocidad a la que se debiera hacer y los mecanismos para volverlo realidad.

 

REQUISITOS PARA LA APERTURA

La arquitectura de un proceso como éste es compleja y rebasa las instituciones vigentes en cualquier aspecto. El horizonte de la Ley Nacional de Planeación es de seis años y la planeación de inversión en infraestructura de las secretarías y organismos paraestatales no rebasa tampoco los 20 años. De hecho, no hay ninguna instancia dependiente ni del Ejecutivo ni del Legislativo que se encargue de conciliar o de analizar si las políticas y proyectos individuales de aquellas entidades encargadas de aplicar el gasto público derivarían en el país-objetivo al que debiéramos aspirar.

Análogamente, no existe en el sector energético una instancia que administre y regule el entorno en que se debería mover Pemex y las empresas que se le aliaran para producir hidrocarburos, es decir, que regule asuntos como empatar las necesidades de efectivo que deberían ser soportadas por la producción conjunta para el desarrollo financiado por éstas, el porcentaje del petróleo extraído que se compartiría con las petroleras aliadas, la subasta de bloques y la fiscalización de la producción.

Una propuesta como ésta se encuentra con el hecho de que el petróleo históricamente es una de las más profundas e indelebles formas de identidad nacional. Esto parte de una de las gestas heroicas más importantes de nuestra historia como país, pero también adquiere un sentido terriblemente pragmático como fuente de recursos. Por esto, cabe preguntarse si la renta petrolera que se cedería como parte del proceso de alianzas estratégicas podría ser recuperada en alguna forma como inducir que el petróleo producto de estas alianzas fuera refinado o procesado para petroquímicos en México, permitiendo que el producto final fuera exportado a precios iguales a los del mercado internacional menos el netback de transportación hasta ellos. De esta forma, se podría mejorar el ingreso neto para la hacienda mexicana en forma directa por los impuestos generados por el valor agregado al crudo explotado en el país y en forma indirecta por la inversión directa e indirecta en las plantas de refinación o proceso. Hay petroquímicos de fácil transportación y algunos otros de mayor dificultad, lo que probablemente pueda ser una limitante para la inversión de aquel que quisiera exportarlos, pero tal vez esto orillaría al inversionista a procesar en México más hacia abajo en la cadena petroquímica.

¿Sería esto un real obstáculo para que las petroleras coinvirtieran en México con Pemex? Después de todo, sería petróleo distinto al que ahora se exporta bajo compromisos previamente establecidos con procesadores que han diseñado sus instalaciones para el petróleo mexicano, por lo que procesar en México el crudo suplementario que viniera de aguas profundas no representaría ninguna desviación respecto al trato que se les da actualmente. Si bien la inversión en refinación por sí misma es menos atractiva que la expansión de las refinerías actuales y menor aún que la inversión en producción de crudo, juzgarlo como un todo puede continuar siendo atractivo.

 

UNA APERTURA DINÁMICA

La apertura y sus términos pueden ser dinámicos. Mientras que el control y propiedad de los recursos esté bajo tutela de la Nación, se puede hablar de etapas. Habrá, sin duda, en las primeras instancias una mayor participación en capital invertido y mayor conocimiento por los inversionistas privados, pero esto no indica que tal situación tenga que ser perpetuada si, como habría que esperar, Pemex desarrolla las habilidades gerenciales necesarias y acumula el capital indispensable para que posteriormente pueda tener un papel más amplio.

Ir a aguas profundas, sea por sí solo o en compañía de otros, implica costo y, más importantemente, tiempo para Pemex. En una expectativa optimista, producir hidrocarburos en un campo recién descubierto toma no menos de ocho años, por lo que ya no se le puede tomar en cuenta como solución ni paliativo para la crisis fiscal que se nos avecina antes del 2012, pero al menos continua siendo una opción real para promover el crecimiento del país.
Retrasar las decisiones que contribuyen a mejorar las condiciones de vida, especialmente de los más necesitados, revelaría la verdadera cara de aquellos que en la etapa de campaña política pudieran haber querido hacerse ver como preocupados por ellos, sin que en realidad hubieran tenido jamás la real intención o la menor idea de cómo ayudarles. Las aguas profundas son hoy una opción para tener recursos para combatir la pobreza. No dejemos que la omisión en la acción impida avanzar en esa opción.

*Ingeniero civil, egresado de la UNAM con especialización en administración de proyectos y posgrado en finanzas del ITESM y de proyectos de inversión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es presidente de la Asociación Mexicana de Energía, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y se desempeña como director de Desarrollo de Negocios de Techint (eduardoandradeiturribarrria@gmail.com).